Antes, cuando queríamos que un menor no frecuentara ciertos ambientes o viera ciertas cosas, como podría ser un prostíbulo o una sala de máquinas recreativas, era tan sencillo como poner un portero en la puerta para impedirle la entrada. Si el menor quería entrar, tenía que ingeniárselas para conseguirlo mediante trampas.
Actualmente, sin embargo, son los propios padres quienes, cuando los menores de edad tienen apenas once o doce años, quienes ponen en su mano el aparato que lo acerca a esos espacios indeseables para alguien que todavía está formándose. Este hecho, además de acercar a los menores a un terreno prohibido, tal y como revela el estudio Violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en el ámbito digital, elaborado por la Fundación Mutua Madrileña en colaboración con el Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil, los pone en un mayor riesgo. Según los datos, tres de cada cuatro menores ha vivido episodios de violencia sexual online. En su mayor parte, se trata de recibir imágenes con contenidos sexuales sin haberlo pedido. El 43% de los menores ha vivido este tipo de agresiones. Por detrás se encuentran los mensajes insistiendo en quedar (42%), los comentarios sexuales no solicitados (40%) o acceder de forma involuntaria a contenidos pornográficos (39%). Con todo, lo más preocupante es el hecho de que uno de cada cuatro menores haya sido presionado para enviar fotografías sexuales y que el 18% de los menores hayan sido chantajeados a difundir contenidos sexuales.
La pregunta ante estos datos es, como siempre, cómo conseguir un filtro efectivo que proteja a los menores. Sin duda, hace falta un cambio de mentalidad que no haga que los hijos presionen a los padres para tener un teléfono móvil con edades tan tempranas. Al mismo tiempo, los padres deben entender que dárselo no es nada sano.