COMUNICADO DE LA PLATAFORMA ESPAÑOLA DE CONSEJOS AUDIOVISUALES ANTE LA SUPRESIÓN DEL CONSEJO AUDIOVISUAL DE NAVARRA

Ante el anuncio, por parte de la presidencia del Gobierno foral de Navarra, de suprimir el Consejo Audiovisual de Navarra (CoAN) mediante un proyecto de ley que deberá aprobar el Parlamento de dicha comunidad, la Plataforma Española de Consejos Audiovisuales (PECA), reunida ayer, día 27, en Sevilla, quiere hacer público el siguiente comunicado:

La Plataforma Española de Consejos Audiovisuales lamenta profundamente la decisión del ejecutivo foral de Navarra de suprimir el CoAN y recuerda que gubernamentalizar de nuevo la regulación del sector audiovisual significa un viaje al pasado y un notable retroceso en el camino que conduce a una democracia avanzada.

Los consejos audiovisuales son organismos de derecho público, no vinculados a ninguna administración ni sometidos a ninguna tutela ni jerarquía, y con plena independencia para el ejercicio neutral de sus funciones. Los consejos audiovisuales se enmarcan en lo que la doctrina administrativista califica como “autoridades independientes de regulación”, creadas en toda Europa por mandato legal para asegurar la protección de los derechos básicos de los ciudadanos y de las libertades públicas. España es el único miembro de la Unión Europea que no cuenta todavía con este tipo de institución.

Los consejos audiovisuales también ejercen la función de árbitros para una distribución justa de las licencias de radio y televisión, teniendo en cuenta que el espectro radioeléctrico era –y es– limitado, y ha de ser administrado al margen de los intereses ideológicos y partidistas. Cumplen, en ese sentido, un papel fundamental para evitar los abusos y concentraciones de poder. Al mismo tiempo, estos organismos asumen la función de velar por el cumplimiento de la normativa y las obligaciones adquiridas por parte de los organismos audiovisuales, tanto públicos como privados.

Los consejos audiovisuales se desarrollaron en el marco de las políticas de liberalización de los servicios audiovisuales, siguiendo los criterios de las directivas comunitarias que obligaban a los estados miembros a implantar mecanismos transparentes de regulación. Se definen como doblemente independientes: de la autoridad política y de los prestadores. Tienen la obligación de hacer cumplir las leyes específicas del sector, tratando a todas las empresas de la misma manera.

El concepto de independencia, entendido como desvinculación de los legítimos intereses de los partidos políticos, de los gobiernos y de las empresas, se refleja en la composición de los miembros de los consejos: profesionales de reconocido prestigio en el sector, elegidos por vía parlamentaria por una mayoría reforzada que permita el máximo consenso entre todas las fuerzas. Los miembros de los consejos, que ejercen sus funciones por un período limitado al margen de los avatares políticos, actúan de forma colegiada, y sus decisiones sólo pueden ser fiscalizadas por los tribunales contenciosos administrativos.

La voluntad de los legisladores consiste en que el período de mandato sea prácticamente inamovible y que sólo puedan cesar por causas expresamente previstas por la ley y mediante decisión parlamentaria por una mayoría equivalente a la del nombramiento, y así evitar ceses por causas partidistas. Los miembros de los consejos están sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades, que se prolonga hasta dos años después de dejar la institución.

Se trata, en definitiva, de proteger y fomentar la libertad de expresión y de información, el pluralismo, la igualdad de género, la dignidad humana, los derechos de los ciudadanos, los derechos de la infancia, de la adolescencia y de los colectivos más vulnerables, la participación de la sociedad civil, la promoción de los valores básicos de convivencia, el derecho de acceso y la neutralidad en el funcionamiento del mercado. La existencia de los consejos audiovisuales, presentes en todos los estados avanzados del mundo, es un signo de madurez democrática y un mandato de la Unión Europea.

 Es por esos motivos que la supresión de un consejo audiovisual, como en el caso reciente de Navarra, es un grave atentado contra la construcción de una sociedad más transparente, participativa y libre. Los argumentos financieros tienen sentido, especialmente en épocas de crisis, pero no hasta el punto de liquidar instrumentos necesarios, propios de una sociedad avanzada. Y, en este caso, pierden toda justificación cuando el ahorro supone el 0,01 por ciento del presupuesto general de dicha comunidad foral, sobre todo si se atiende a la labor desarrollada por el CoAN con los escasos medios disponibles.

Asimismo, los miembros de la PECA queremos dejar constancia de nuestro rotundo rechazo a cualquier injerencia en la labor de los profesionales de la información, tal como ha sucedido con la decisión del Consejo de Administración de RTVE de acceder al sistema de edición de noticias iNews, a partir del cual se elaboran los informativos de la televisión pública. Cualquier mecanismo que pueda interferir en la labor de los profesionales de la información o que abra la puerta a la censura supone una presión intolerable sobre los informadores que la sociedad no puede ni debe permitir.

Las autoridades reguladoras, como el Consejo Audiovisual de Andalucía o el Consejo del Audiovisual de Cataluña, nunca supervisan las noticias elaboradas por los profesionales de los medios de comunicación con anterioridad a su emisión. Un proceder distinto afectaría de forma directa a dos derechos fundamentales, la libertad de expresión y el derecho a la información, dos de los pilares sobre los que descansa la democracia.