El término fake news se ha convertido en uno de los extranjerismos de mayor uso en nuestro país. Se puede traducir como noticia falsa o bulo y es ya algo común en determinados portales de internet y en redes sociales, sobre todo desde la pandemia.
En los últimos meses, políticos, juristas y sociólogos debaten sobre cómo poner fin a esta plaga moderna que atenta contra muchos derechos individuales y colectivos. Sin embargo, y según explica la abogada Esther Romero, la fake new per se no es un delito. Por mentir no se contraviene la ley e intentar prohibir ciertas publicaciones o post que contienen bulos sería, explica la letrada de Le Morne Brabant Abogados ,un recorte de derechos y libertades incompatible con un estado como el nuestro.
Regular las fake news, objetivo de la Unión Europea para 2025
El debate sobre la libertad de información y de expresión y el equilibrio entre ambas y la difusión de mentiras en la red subyace en la redacción de la ley europea en esta materia, que, se espera, estará lista en agosto de 2025. La injerencia extranjera en los asuntos políticos de la Unión y la desinformación interesada de los ciudadanos son los principales objetivos de la norma, que deberá ser aplicada en los estados miembros.
Es precisamente en este texto en el que se mira el intento del gobierno español a la hora de legislar sobre los bulos, que, según aseguran algunos miembros del ejecutivo, forman parte de una campaña orquestada para sacarlos del poder. La ley europea incluye aspectos relevantes relacionado con la transparencia de los procesos, en especial sobre la titularidad de los medios y la asignación de publicidad de fondos públicos.
Es necesario saber la titularidad de quien publica algunas falsas noticias y evitar que, además, se financien con recursos del estado. En este sentido, Esther Romero aclara que en la actualidad el medio o la plataforma que publique un bulo puede ser responsable civil y penal Recuerda la letrada de Le Morne que existe una Ley de Servicios de la Sociedad de Información y de Correo Electrónica, según la cual, en caso de se publique una noticia incierta, inexacta y que vulnere algún derecho se incurre en una responsabilidad. Así, Facebook y YouTube están obligados a adoptar las medidas oportunas para restringir la circulación de bulos. La más importante de ellas se basa en las herramientas de verificación para evitar contribuir a la propagación de noticias falsas.
Ha sido precisamente en redes sociales desde donde se difundía la última fake new de alcance y que afecta a la Reina Letizia. En una supuesta noticia, en la que, además, se incluía el logotipo de Radio Televisión Española, se reproducía una falsa entrevista en la que ella misma animaba a su interlocutor a invertir en una plataforma extranjera.
El tratamiento penal de la fake new según su objetivo y contexto
Nos encontramos en este caso, explica la abogada, ante un delito de estafa, al publicarse una información errónea con objetivos económicos. Pero, ¿en qué otros delitos pueden incurrir las fake news? El de odio parece ser el que más alarma social provoca estos días y consiste en inventar una situación o falsear datos para incitar a la sociedad hacia el odio a determinados colectivos. Asegurar que los menores no acompañados, son los responsables de la criminalidad sería, señala la experta, un ejemplo de delito de odio.
El delito contra la integridad moral y de injurias y calumnias está también a la orden del día y nos encontramos ante él cuando la noticia busca atentar contra el honor de una determinada persona o atribuirle públicamente algún tipo de conducta que puede ser constitutiva de delito.
Se puede castigar la noticia falsa también por revelación de secretos, en el supuesto de que se publiquen datos personales reales para darle credibilidad a la misma.
Por último, y menos conocidos, se encuentran los delitos contra la salud pública y los desórdenes públicos. En el primer caso se encontrarían falsas informaciones sobre productos con propiedades curativas en enfermedades graves como el cáncer, y en el segundo los falsos anuncios de desastres naturales o de atentados terroristas.
