Este pasado lunes día 1 de febrero, y a petición del ministerio del interior del gobierno de la India, Twitter bloqueaba durante unas horas el acceso público a centenares de cuentas y tweets de usuarios (250 en total, sin especificar cuántas cuentas y cuántos tweets individuales). ¿Cuál era el motivo? Pués hablaban sobre las protestas que los granjeros del país estaban protagonizando a las afueras de la capital del país, Nueva Delhi.
El motivo de dichas protestas es una serie de tres leyes que, a grandes rasgos, desregularizan el sector desde una óptica neoliberal, eliminando el control de precios de la producción de estos granjeros. Pese a que el gobierno aduce que esta desregularización les permitirá negociar con las multinacionales que comercializan sus productos, los granjeros se quejan de que quedan indefensos a merced de esas mismas multinacionales, que ahora podrán fijar los precios que quieran, a la baja y en beneficio propio.
Las protestas se vienen dando desde el 26 de noviembre del año pasado, convocando a decenas de miles de agricultores. La semana anterior a los hechos, una de las manifestaciones había degenerado en una trifulca que se saldó con un granjero muerto y hasta cuatrocientos policías heridos. La excusa perfecta para que el gobierno tomara medidas para controlar los eventos.
Desde estos sucesos, la policía ha detenido hasta a una docena de granjeros y un periodista de la revista Caravan. Dicho magazine ha mostrado su apoyo a los agricultores y, por ello, su cuenta de Twitter fue una de las bloqueadas, junto a las de varios agricultores y activistas que les brindan apoyo, líderes opositores, un conocido actor y un economista, según informa el canal catarí de televisión Al Jazeera.
La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras ha protestado por la medida tomada por el gobierno indio, calificándola de “caso flagrante de censura descarada”
El regulador mundial de los medios de comunicación Reporteros sin Fronteras criticó las suspensiones, que calificó como un "caso impactante de censura descarada", mientras que un portavoz del ministerio del interior indio defendía la medida aduciendo que la suspensión de las cuentas y tweets era debida a evitar que estas supusieran un grave peligro para el orden público.
No es la única medida que el gobierno ha aplicado contra los opositores: desde los disturbios de la semana anterior a la suspensión en Twitter, se han presentado no menos de cinco causas criminales por sedición y conspiración contra periodistas y líderes opositores, tomando también como pruebas acusatorias los tweets publicados.
Por su parte, desde Twitter justifican el bloqueo temporal de las cuentas y contenidos argumentando que, de cuando en cuando “puede hacerse necesario impedir el acceso a cierto contenido en un país particular si se realiza una solicitud de forma adecuada”, en declaraciones a Al Jazeera.
No es la primera vez que la India censura algún contenido de la red e impide que se publiquen contenidos sobre protestas que se están llevando a cabo, hasta llegar al extremo de bloquear completamente el acceso a Internet en la conflictiva región del Kashmir, en la cual mantiene un estado de ocupación militar (dicha región, disputada con Pakistán, es de mayoría musulmana).
El caso pone en cuestión cuando se traspasan los límites de la necesaria seguridad colectiva para pasar directamente a la censura y el silenciamiento de la oposición. ¿Hasta qué punto los tweets y las cuentas bloqueados (ni que fuera por unas horas) tienen responsabilidad sobre los incidentes acaecidos, incluso los que acarrean consecuencias mortales? ¿No debe respetarse la libertad de opinión y, en todo caso, juzgarse a posteriori o establecer unas ‘reglas del juego’ muy claras a priori sobre lo que puede y no puede ser dicho y escrito?
