A diferencia de lo que han publicado algunos medios de comunicación, no es que el gobierno federal suizo apueste por el código abierto en la administración pública entendido como el despliegue de software que únicamente se encuentre disponible en dicha modalidad, sino que la ley EMBAG (Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben, Ley Federal sobre el uso de medios electrónicos para el cumplimiento de tareas oficiales) prevé que se libere el código fuente de las aplicaciones informáticas desarrolladas desde el gobierno y, por lo tanto, pagadas con el dinero de los contribuyentes.
Vigente desde este pasado 1 de enero, la ley EMBAG persigue la finalidad de mejorar la colaboración entre las distintas entidades gubernamentales y niveles del gobierno federal, así como con terceras partes, y optimizar la prestación de servicios a ciudadanos y empresas utilizando para ello medios electrónicos. De hecho, bajo esta ley, las autoridades federales deben utilizar, siempre que sea posible y conveniente, medios electrónicos para interactuar con otras entidades gubernamentales, empresas y personas físicas.
Además, deben coordinar sus actividades con los cantones, respetando su autonomía y asegurando que sus servicios sean accesibles para toda la población. La sostenibilidad, la protección de los datos y la seguridad de la información son principios fundamentales que deben ser respetados en todo momento.
Esta legislación se aplica a la administración central del gobierno federal suizo y permite que los servicios parlamentarios, los tribunales federales, y la fiscalía general, se adhieran voluntariamente a sus disposiciones mediante acuerdos con el Consejo Federal. El gobierno federal está habilitado para firmar acuerdos con otras entidades y organizaciones suizas para garantizar la interoperabilidad y facilitar la prestación electrónica de servicios. Estos acuerdos pueden incluir aspectos como competencias, organización, financiación y normativas aplicables, especialmente en áreas como la protección de los datos y la seguridad de la información.
Pero el aspecto más llamativo (y que ha llevado a la mala interpretación de algunos medios) consiste en la estipulación de que las autoridades federales deben publicar el código fuente del software desarrollado o encargado para cumplir con sus tareas.
La licencia bajo la que se encuentre disponible el código fuente deberá ser libre, facilitando de esta manera que cualquier ciudadano pueda utilizar, desarrollar y distribuir el software sin coste alguno. La filosofía subyacente es que si el ciudadano ha pagado el software, este es suyo.
Hay, no obstante, excepciones a esta regla: en el caso de existir restricciones por parte de terceros, o razones de seguridad.
Ello no significa que, por ejemplo, a partir de ahora, la administración federal suiza no vaya a utilizar Microsoft Windows y lo cambie por un sistema operativo libre, sinó que van a ser los programas desarrollados desde dicha administración, los que van a liberarse, ya que se considera que al estar pagados por los contribuyentes, estos últimos tienen el derecho de utilizarlos.
Además, la administración también debe hacer públicos sus datos en formatos accesibles y legibles, salvo excepciones por razones de privacidad o seguridad. Esto puede habilitar toda una industria del software que utilice dichos datos para facilitar servicios a la ciudadanía.
Esta accesibilidad se producirá a través de una plataforma abierta al público, que facilitará el acceso a los datos generados por la administración, de forma estructurada y con interfaces para su consulta.
Finalmente, la ley también permite la realización de ensayos piloto para evaluar innovaciones tecnológicas que puedan mejorar significativamente la eficiencia administrativa o beneficiar a la economía y la población. Estos pilotos deben cumplir requisitos estrictos de protección de datos y seguridad de la información, y están limitados a una duración máxima de dos años, con la posibilidad de una extensión adicional de dos años más.
Para fomentar infraestructuras digitales críticas, el gobierno y los cantones han establecido una agenda para el periodo 2024-2027, priorizando proyectos esenciales y definiendo los recursos necesarios.
