Que las tecnologías de reconocimiento biométrico provocan nerviosismo e incomodidad en una parte de la sociedad por las posibilidades de identificación, seguimiento y, en definitiva, control, que las autoridades públicas y empresas privadas pueden ejercer gracias a ellas sobre los individuos, es un hecho contrastado.
Un buen ejemplo de ello es China, país en el que un ejército de cámaras conectadas a un sistema de inteligencia artificial que permite reconocer las caras de las personas, se encarga de velar por el cumplimiento de la ley, etiquetando a los ciudadanos como ‘buenos’ o ‘malos’ según su comportamiento y respeto a las leyes. La pesadilla orwelliana de 1984 en todo su esplendor.
Y es por todo esto que, en otros países, se está dando un debate público sobre los límites, morales y legales, del uso de tecnologías biométricas tanto en el ámbito privado como en el profesional.
Uno de estos países son los Estados Unidos, donde dos senadores (el ya famoso Bernie Sanders, junto a Jeff Merkley, ambos del Partido Demócrata) están ultimando la presentación de una propuesta de ley para prohibir que las compañías privadas puedan recoger datos biométricos sin el consentimiento explícito de los consumidores y los empleados.
Esta prohibición afectaría tanto los datos de identificación físicos como la huella digital, como el reconocimiento facial.
Actualmente, la mayoría de los dispositivos personales, tales como smartphones y tablets, pero también ordenadores, permiten el uso de una de estas tecnologías o de ambas, para poder desbloquear el aparato y utilizarlo.
También muchas empresas disponen de herramientas de control biométrico que sustituyen a las tradicionales para fichar y controlar que nadie no autorizado pueda tener acceso a las instalaciones.
El proyecto de ley de ambos senadores cuenta con el apoyo de algunas instituciones, tales como el American Civil Liberties Union, la Electronic Frontier Foundation, y el Open Technology Institute.
El principal problema que busca corregir es el uso posterior de los datos biométricos, asegurando siempre las buenas prácticas con ellos, y que el usuario que los cede pueda tener, en primer lugar, la posibilidad de libre elección de si lo hace o no y, en segundo, de control sobre dichos datos.
Y como primera medida, el senador Jeff Merkley ya había propuesto hace algunas semanas, una legislación para imponer una moratoria en el uso de la tecnología de reconocimiento facial para todas las agencias del gobierno federal estadounidense, hasta que la regulación sea aprobada e indicados los usos concretos que se le debe dar a esta tecnología.
