Nos guste o no, empresas como Facebook o Twitter responden a intereses corporativos, igual que cualquier otra corporación cuyo objetivo sea el de ganar dinero. Y muchos usuarios de dichos servicios olvidan esta finalidad cuando hablan de su derecho a la libre expresión como, si en vez de empresas, estas organizaciones fueran ONGs o canales de comunicación reservados para realizar quejas sobre los poderes que gobiernan el mundo. Y no es que defienda esta firma de proceder, simplemente la pongo de relieve.
A las ya numerosas polémicas sobre censura de contenidos a las que se han venido enfrentando las redes sociales, ahora se añade una más: la supresión de contenidos pro kurdos.
El pueblo kurdo, cuyo territorio se reparte entre cuatro estados (Turquía, Siria, Irak e Irán, con una importante diáspora en Alemania), conforma una minoría en Turquía con entre una quinta y una cuarta parte de la población de dicho país. Reprimidos en todos los países que se reparten su territorio, ven en Internet tanto una forma de estar en contacto trascendiendo fronteras, como para denunciar la opresión que sufren.
Y esto es algo que los gobiernos que los oprimen no soportan e intentan tapar, como en el caso de Turquía, un estado que, por otra parte, también niega el genocidio de los armenios cometido a principios del siglo XX.
Precisamente, a finales de este pasado mes de febrero se conocía que, en el marco de la operación militar orquestada por Turquía en 2018 para combatir a las tropas kurdas que controlaban la parte del Kurdistán encajada dentro de las fronteras de Siria, y que habían tomado el control de su territorio en el levantamiento popular contra el régimen de Bashar al-Ásad acaecido en 2011, el gobierno turco había solicitado a Facebook el bloqueo de los posts en esta red social referidos a las YPG (Unidades de Protección Popular por sus iniciales en lengua kurda), las unidades militares organizadas en el territorio de Rojava a partir de 2011.
Facebook podía ignorar la petición del gobierno nacionalista de Recep Tayyip Erdo?an, pero se exponía a sanciones como el bloqueo de la red social en el país, lo que la habría alejado de unos cuantos millones de usuarios.
Preguntada vía correo electrónico al respecto sobre la petición del gobierno turco, Sheryl Sandberg, por entonces y ahora COO de Facebook (jefa de operaciones), respondió con un lacónico “I am fine with this” (“estoy de acuerdo” o, de una forma más prosaica, “ya me va bien”). Los foros de debate, perfiles, páginas y posts sobre las YPG estaban sentenciados.
Actualmente, tres años después de aquella petición, las fotos y vídeos que revelan la crueldad de los ataques de las fuerzas armadas turcas contra civiles kurdos todavía no pueden ser vistos por los internautas que se conectan desde Turquía.
Volvemos a la disquisición original: las empresas se comportan como empresas, y las que hay tras las redes sociales no son una excepción. Pero, después, discursos como el de Mark Zuckerberg apostando por la libertad de expresión quedan como la perfacta muestra del cinismo más absoluto de la empresa al respecto.
La publicación que ha destapado todo el asunto de los e-mails de Sheryl Sandberg ha sido ProPublica, especializada en periodismo de investigación.
