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La implementación de la Red Gigabit en la UE genera controversia

Escrito por Guillem Alsina el 02/01/2024 a las 18:37:31
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El Consejo de la Unión Europea aprobaba, el pasado martes día 5 y a propuesta de la Comisión Europea, el Acta de Infraestructura Gigabit, con la cual busca mejorar la infraestructura de red de alta velocidad en Europa facilitando el despliegue de redes de nueva generación.


Esto pasa por disminuir su coste, facilitar la tramitación de los permisos requeridos, y armonizar las distintas regulaciones estatales existentes para que no sean excesivamente distintas, sin violar la autonomía reguladora de cada no de los estados miembro.


El documento aprobado también aborda el despliegue y acceso a la infraestructura física dentro de los edificios, facilita aplicaciones transfronterizas, y busca permitir a los agentes interesados (como operadores de comunicaciones, fabricantes de equipos o empresas de ingeniería civil) lograr mejores economías de escala.


Sin embargo, lo que parecía pensado para convertirse en un paso adelante para mejorar la infraestructura europea de redes de comunicaciones, se ha encontrado con la oposición de la industria europea de las telecomunicaciones, materializada en una carta abierta firmada por la GSMA, la ECTA, la ETNO, y GIGAEurope.


Dichas organizaciones, en representación de la industria, consideran que el nuevo marco regulador carece de varias disposiciones propuestas inicialmente por la Comisión Europea que habrían apoyado positivamente el despliegue rápido de redes de alta velocidad, y que su ausencia puede perjudicar los resultados que se esperan de la Agenda Digital 2030 de la UE.


La eliminación de la cláusula de aprobación tácita, que se veía como un mecanismo para facilitar la concesión de permisos, y lo que califican como dilución del proceso para definir exenciones en la concesión de permisos, son dos de los puntos que más preocupan a las organizaciones firmantes del manifiesto, que apuestan por evitar la fragmentación regulatoria (que frenaría la rapidez de los despliegues, además de minar el mercado único de la UE), y salvaguardar la neutralidad tecnológica.


En la carta abierta, también se apuesta por no eliminar el roaming de las llamadas entre estados como fuente de ingresos para las operadoras, argumentando que su abolición supondría dejar de ingresar 2.100 millones de euros en un periodo de cinco años hasta 2029.


Una vez aprobado el texto, queda pendiente por ver qué acciones tomará la industria en protesta, si es que llega a tomar alguna.

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