(Publicación Original y derechos de la OCDE. Titulo orignal: "Broadband Policies for Latin Americaand the Caribbean: A Digital Economy Toolkit")
Las redes de banda ancha son el pilar fundamental de las economías digitales. La mayor disponibilidad y el uso eficaz de los servicios facilitados a través de las mismas fomentan la inclusión social, la productividad y el buen gobierno. Sin embargo, en muchas partes del mundo es necesario superar una serie de dificultades que conlleva la prestación de servicios de banda ancha de fácil acceso, universales y relevantes para los actores locales. En la región de América Latina y el Caribe (LAC), cerca de 300 millones de personas aún no tienen acceso a Internet. Si bien es cierto que están surgiendo rápidamente nuevas generaciones de redes de banda ancha, todavía queda mucho por hacer para ampliar la infraestructura necesaria y promover que ciudadanos, empresas y gobiernos aprovechen al máximo todo lo que ofrecen estas redes.
Un mayor grado en el uso de servicios digitales así como mejor conectividad en la región de LAC requiere políticas y prácticas que aborden los principales aspectos de la oferta y de la demanda de manera integral y coherente. Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe: un manual para la economía digital aporta información sobre buenas prácticas y casos de estudio con un enfoque de gobierno completo. Este manual tiene por objeto ofrecer a los poderes públicos una visión general de las políticas, prácticas regulatorias y opciones que permiten maximizar el potencial de la banda ancha como motor de desarrollo económico y social. A lo largo de los 15 capítulos del manual, se examinan cuestiones relativas a la formulación de políticas de banda ancha: desde estrategias digitales, marcos normativos y gestión del espectro a temas de competencia, acceso, asequibilidad y fiscalidad, incluyendo educación, competencias digitales y adopción por las empresas, además de la privacidad y la seguridad digital.
Principales conclusiones
Los principales desafíos que plantea conseguir un incremento del acceso y uso de banda ancha en la región LAC están vinculados a cuestiones de la oferta, como por ejemplo el despliegue de la infraestructura y la prestación de servicios de banda ancha, o de la demanda, como capacidades, emprendimiento, contenido local y protección del consumidor. A este respecto:
• El grado de competencia en los mercados de comunicación de la región de LAC tiende a ser menor que en los países de la OCDE, por lo que podría reforzarse una regulación que fomente activamente su desarrollo como instrumento para alcanzar los objetivos políticos.
• En algunas zonas de la región de LAC se ofrecen incentivos insuficientes a nivel regional, nacional e internacional para el despliegue de infraestructura, lo que limita el tráfico nacional e internacional e impide satisfacer toda la demanda de servicios de banda ancha.
• La asequibilidad constituye uno de los frenos a la expansión de los servicios de banda ancha en la región de LAC, aunque la popularización de los servicios móviles hace pensar que este obstáculo está lejos de resultar infranqueable.
• Pese a la convergencia de tecnologías y servicios, en muchos casos los marcos normativos de la región de LAC siguen actuando en compartimentos estancos.
• La región de LAC no ha avanzado todo lo que cabría esperar en lo referente a introducir la banda ancha en instituciones locales como las escuelas, promover la adopción de TIC y banda ancha en las empresas e incitar a los gobiernos a ser más transparentes, eficaces y reactivos mediante el uso de los servicios facilitados por la banda ancha.
• A medida que los países en la región LAC desarrollan sus economías digitales, estos han de abordar un abanico cada vez más amplio de cuestiones relacionadas con la confianza, como por ejemplo en las áreas de protección del consumidor, protección de la privacidad y gestión de riesgos de seguridad digital.
Principales recomendaciones
La labor de incrementar el acceso y uso de banda ancha no está exenta de complejidad al englobar aspectos fundamentales tanto de la oferta como de la demanda. Por ello, los responsables políticos y reguladores no pueden afrontarla en solitario, sino que necesitarán la ayuda de todos los actores pertinentes para tratar las cuestiones estructurales en su conjunto. En este sentido, cabe citar las buenas prácticas siguientes:
• Las estrategias digitales y los planes nacionales de banda ancha deben tratar de aumentar el acceso y uso de dichas redes mediante un enfoque de gobierno completo y apoyado por las diferentes partes interesadas.
• Es necesario disponer de un marco normativo estable y previsible para promover la inversión a largo plazo en infraestructuras de banda ancha. Una reglamentación sólida contribuirá a ampliar la expansión de la infraestructura al reducir el costo del despliegue.
• El aumento de la competencia es un elemento clave para disciplinar los precios, favorecer la innovación y mejorar la capacidad de respuesta a la demanda. Se requieren agencias independientes para tratar cuestiones relativas a posiciones dominantes o imponer regulaciones en los mercados mayoristas cuando resulte necesario para reducir las barreras a nuevos participantes.
• Es preciso que la banda ancha sea cada vez más accesible y asequible a sectores desfavorecidos y personas que viven en zonas rurales y remotas. Deben evitarse cargas fiscales sectoriales excesivas que disuaden la expansión y el uso de la banda ancha. Asimismo, las autoridades públicas pueden establecer incentivos y financiar redes cuando los mercados no sean capaces de satisfacer la demanda por sí solos.
• Los marcos normativos han de garantizar a las autoridades una posición favorable para abordar cuestiones en el ámbito de la competencia y la inversión derivadas de una mayor convergencia de redes y servicios.
• Conviene fomentar los acuerdos regionales de cooperación, el intercambio de experiencias regulatorias, el despliegue de infraestructuras regionales de conectividad, los flujos de datos transfronterizos y la reducción de los precios de la conectividad internacional y de la itinerancia o roaming.
• Los servicios de banda ancha deben ponerse a disposición de escuelas, centros de salud y otros lugares de acceso público, al tiempo que se promueve la formación en habilidades orientadas a la economía digital. Todas las medidas encaminadas a facilitar la adopción de TIC en las empresas, crear contenido digital accesible a las poblaciones locales y fomentar el emprendimiento digital repercutirán en un incremento de la demanda y una mejora de los servicios.
• Deben promoverse activamente gobiernos digitales en la región de LAC para lograr una organización más inteligente de las ciudades y contribuir a un mayor grado de eficiencia, eficacia, apertura, transparencia y responsabilidad en las tareas gubernamentales.
• Resulta indispensable reforzar la confianza en los servicios digitales de cara a incentivar la adopción de la banda ancha. Para ello, deberá garantizarse la protección de los consumidores, la gestión de riesgos de la seguridad digital y la protección de la privacidad.
• La implementación de marcos e instrumentos de medición para supervisar la progresión de la banda ancha y los servicios digitales es esencial para fundamentar las decisiones políticas y regulatorias.
