Fair share. El debate sobre las telecomunicaciones en Europa

Un hecho innegable es que el tráfico, tanto fijo como móvil, en las redes no para de aumentar exponencialmente con la proliferación de las redes sociales y plataformas de streaming, como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, Microsoft, TikTok, YouTube, etc., que ofrecen todo tipo de servicios, sobre todo los audiovisuales. Para soportar ese aumento de tráfico se requieren grandes inversiones en mejorar y adaptar las redes, de tal manera que pueda ofrecer la conectividad requerida, y esa, hasta ahora, la están asumiendo los operadores, que ven como sus ingresos apenas aumentan y el retorno de la inversión realizada es muy pequeño.

Es claro que ambos, operadores y OTT (las big tech americanas), se benefician mutuamente y se necesitan, pues a mayor oferta de servicios mayor atractivo para los clientes y mayor negocio, pero a la vez más tráfico que requiere de redes más potentes y eficientes. Y, si bien, los usuarios finales ya pagan por el acceso a Internet, y todos los operadores dan beneficios, el problema viene, en mi opinión, porque éstos ven como los ingresos de los proveedores de servicios aumentan considerablemente mientras que los suyos apenas lo hacen o incluso disminuyen, y claro…por pedir que no quede y si “cuela pues cuela”. Este es un debate que lleva ya más de una década sobre la mesa, junto con el de la neutralidad de la red.

Así, los operadores de telecomunicaciones europeos defienden una “contribución justa” (fair share[1]) para que la UE obligue a las plataformas estadounidenses, tales como Google, Meta, Apple, X, etc. a costear las inversiones en despliegue de nuevas infraestructuras de redes y su mantenimiento, algo a lo que éstas, evidentemente, se oponen y con toda la razón. Si hacen “caja” porque su modelo de negocio es exitoso, por qué han de darle parte de sus ingresos a los operadores para que construyan sus redes, si ellos ya cobran a los usuarios finales por ellas. Sería como cobrar dos veces por lo mismo. Por su parte, las grandes plataformas se oponen a ello argumentando que un pago por el uso de la red atentaría contra la neutralidad de la misma, al tiempo que dicen que ellos también realizan sustanciosas inversiones en redes de transporte (cable y satélite) que benefician a los operadores, y que obligarles a contribuir traería como consecuencia un aumento en el coste de sus servicios para los usuarios.

La cuestión de base y del problema en Europa es la mala política seguida para la liberalización de las telecomunicaciones desde 1998, con una sobrerregulación, que ha devenido en la desaparición de la industria nacional, la pérdida de miles de puestos de trabajo y la fragmentación excesiva del mercado, todo en aras a favorecer la competencia. Así, por ejemplo, mientras que en Estados Unidos hay tres operadores principales (Verizon, At&T y T-Mobile), y en China lo mismo, en Europa son cientos además de los virtuales, lo que hace que los precios tiendan a la baja y las infraestructuras se dupliquen. De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Axon, los operadores de red han invertido más de 500 mil millones de euros durante los últimos 10 años en el desarrollo de las redes de telecomunicaciones fijas y móviles en Europa −y se estima que harán falta otros 175.000 millones hasta 2030− y su problema es cómo sacarles rentabilidad, algo que no es fácil con la rapidez a la que se suceden los cambios tecnológicos. Además, los operadores no están en posición de fuerza para negociar términos comerciales por el uso cada vez mayor de sus redes por parte de los OTT líderes, pues se encuentran en una posición de desventaja y con dificultades para obtener un retorno viable de sus inversiones.

Según Telefónica: “las asimetrías de poder de negociación entre estas empresas y los operadores de telecomunicaciones impiden establecer unas condiciones justas para negociar. Por eso, el sector de las telecomunicaciones pide a la Unión Europea que establezca un mecanismo regulador que imponga a los GGT la obligación de sentarse a negociar y llegar a un acuerdo”.

La situación es que, a mediados de junio de este año, el Parlamento Europeo dio un espaldarazo a la postura que defienden las operadoras de telecomunicaciones debido a que, a su juicio, su posición ha quedado refrendada por la Eurocámara en la aprobación del texto final del informe anual de 2022 sobre la política de competencia, un documento no vinculante pero que incluye una mención al mencionada fair share. Así, el texto aprobado indica que la "sostenibilidad económica" de las redes de telecomunicaciones es "esencial" para lograr los objetivos de la Unión Europea marcados hasta 2030, así como una "conectividad de alto rendimiento" para toda la ciudadanía de la región "sin poner en peligro las normas de competencia". En la redacción del informe aprobada en la Eurocámara se insta a la Comisión Europea a que "aborde y mitigue las asimetrías persistentes en el poder de negociación tal como se establece en la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital" y pide el establecimiento de un "marco político en el que los grandes generadores de tráfico contribuyan de manera equitativa a una financiación adecuada de las redes de telecomunicaciones sin perjuicio de la neutralidad de la red".

Sin embargo, también el BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) subrayó que Internet tiene una capacidad demostrada de autoadaptarse a las condiciones cambiantes, incluido el aumento del volumen de tráfico y los cambios en los patrones de demanda. En otras palabras, los reguladores no están del todo convencidos de que exista siquiera un problema que deba corregirse.

En particular, a los reguladores europeos les preocupa que las empresas de telecomunicaciones puedan explotar el llamado monopolio de terminación sobre la prestación de servicios en línea y que las disputas entre las plataformas y los operadores puedan conducir a una degradación del servicio que violaría el principio de neutralidad de Internet.

Por tanto, habrá que esperar, a la posible introducción de cambios normativos para mejorar la competitividad del sector, y ver como evoluciona la situación.

José Manuel Huidobro / Ingeniero de Telecomunicación