Pensionistas / Rentistas

El nuevo presidente del Congreso se ha reunido con unos jubilados que se consideran a sí mismos especiales porque son escritores. Se quejan porque la Administración les aplica la ley, la misma que aplica a todos los jubilados. Según la normativa, recibir ingresos por trabajo que superen el salario mínimo interprofesional es incompatible con el cobro de la pensión aunque ésta sea contributiva.  Ellos, además de la pensión de jubilación, tienen ingresos por los artículos e historias que escriben o dibujan. 

Las pensiones contributivas no son graciables (RAE: Que se puede otorgar graciosamente, sin sujeción a precepto). Responden a un contrato donde una persona paga de forma obligatoria una cuota a cambio de una renta futura que cobrará, si tiene suerte y vive, y si cumple las condiciones que se impongan, que pueden variar al ritmo de las leyes. Así que los jubilados por pensiones contributivas son en realidad rentistas que viven de las inversiones (obligatorias) que hicieron a lo largo de los años. Inversión obligada que como todas tiene también muchas incertidumbres y peculiaridades.

No tiene lógica que una persona que recibe lo que le corresponde porque ha pagado, se le impida tener otros ingresos por trabajo personal, máxime cuando esta renta de jubilación, según la ley, sí es compatible con otro tipo de rentas inmobiliarias o mobiliarias.

Aunque  tienen razón en su petición, el planteamiento que han hecho los escritores es egoísta. Han mirado solo su problema particular estimando de gran valía para la sociedad lo que piensan o imaginan, pero ignorando lo que pierde el país porque se desperdicie el talento intelectual y creativo de otros profesionales maduros. Efectivamente, no tiene sentido que se prohíban ejercer, además de la escritura, otras actividades como la ingeniería, la artesanía, la consultoría, el asesoramiento y el largo etcétera de actividades que muchas personas desearían llevar a cabo por placer o para complementar su renta o pensión, como se la quiera llamar, y que ahora les está vedado salvo que lo hagan gratis. Los escritores parecen desconocer u olvidar que en España se está expulsando del mercado de trabajo a profesionales cualificados en su mejor momento intelectual porque han llegado a la cincuentena.

La pensión, ya se ha dicho antes, es una renta, no una subvención ni una ayuda, pero quienes gestionan el dinero de los que cotizan y han cotizado juegan con la terminología y fomentan  la ambigüedad del lenguaje. El Estado o sea el gobierno de turno y los medios afines fomentan la creencia de que es un sistema solidario donde unos pagan, los que trabajan ahora, para que otros cobren. En esta línea de pensamiento, concluyen sin explicitarlo, que quien tiene ingresos no necesita la solidaridad de los demás.  Es como si llamáramos solidarios a los inversores que compran los activos que otros venden cuando necesitan liquidez.

Quienes pagan las cotizaciones ahora, o sea los que invierten, creen que ellos no van a cobrar porque es eso lo que les han hecho creer y es lo que quieren que crean quienes no están interesados en que exista un sistema público de pensiones fuerte. Desde todos los frentes posibles se está actuando para que quienes cotizan obligatoriamente ahora asuman que no van a cobrar lo pactado y que deben contratar un sistema privado. Y, curiosamente, una gran mayoría empieza a aceptarlo.

Cuando el gobierno se sirve  del dinero que pagan los cotizantes para lo que no está previsto o cuando hace rebajas y reduce las cotizaciones planeadas, es decir no invierte lo previsto, está atacando a la línea de flotación del sistema y lo sabe. El gobierno, cuando toma estas decisiones, obtiene un rédito de algún tipo que pagan los trabajadores que sí aportan sus cuotas. Si lo que se reduce es la cuota empresarial, se les está reduciendo a los trabajadores su salario porque esas cotizaciones para la pensión forman parte de la retribución por su trabajo aunque no lo cobren en el momento.

De las cotizaciones de los trabajadores actuales se pagan las rentas de los jubilados actuales. En principio este sistema es tan válido como cualquier otro. Lo importante no es el número de trabajadores por cada persona que recibe una renta, sino la cantidad que se ingresa por cotización respecto a lo que se paga. Si hay desempleo o el empleo que hay es de mala calidad, el sistema público de pensiones puede tener un problema, pero es que lo tendrá el país. En esa situación, también se recaudarán   menos impuestos y habrá menos consumo y menos inversión. El país en su conjunto caerá a los niveles de pobreza vividos hace no tanto tiempo en España. Por supuesto que en este escenario, tampoco tendrá la gente  dinero para pagar planes privados de pensiones.

La pirámide de edad es el argumento estrella y es paradójico que se utilice cuando el paro juvenil es alarmante y los jóvenes mejor formados se tienen que marchar. Si en este momento hubiera más jóvenes de los que hay ahora, el porcentaje de paro en esa franja de edad sería mayor y más jóvenes brillantes estarían nutriendo el bienestar de otro país. Es decir, tener más hijos no es suficiente para que el país sea más rico, pero eso ya lo saben los países pobres donde no tienen pirámide de edad invertida y no por eso tienen un buen sistema de pensiones públicas. El problema es otro y la solución que nos venden no es la adecuada, salvo para quienes se benefician de los bajos salarios y las malas condiciones laborales.

Lo que ha transcendido de la petición que han hecho los escritores aunque sea lógica y razonable es parcial y egocéntrica. Sería de esperar que por la cultura que se les supone vieran el problema en su conjunto, o al menos se asesoraran e hicieran propuestas más acertadas. Porque efectivamente la pensión contributiva es una renta producto de una inversión, la decisión de desviar dinero de esas inversiones para lo que no está previsto o la de rebajar algunas aportaciones para beneficiar a unos pocos deberían estar más sujetas al control de los inversores que son los trabajadores que ponen el dinero, directamente y a través de las empresas que trabajan.

Mª Teresa Pascual Ogueta

Ingeniera de Telecomunicación

Marzo 2016