Actualizado el 19/11/2024
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¿Quién controla al regulador?Escrito por ENRIQUE GUTIERREZ BUENO el 27/01/2015 a las 19:33:524511
Hace quince años, se liberalizaron las telecomunicaciones en España y se puso en marcha la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), organismo, independiente del Gobierno, encargado de la regulación que garantizara la entrada de nuevos operadores, y la competencia en un mercado que, entonces, estaba dominado por un único operador. Quince años.
De entonces acá, y por resumir, de un único operador hemos pasado a muchos, nuestras telecomunicaciones gozan de una fortísima competencia y los precios han caído, desde el año 2000, vertiginosamente, de forma que el de las telecomunicaciones es el único sector claramente no inflacionista (lo ha sido todos los años) de todos los que conforman la economía española. Cualquiera que aquí se detuviera daría la misión por cumplida.
Pero, al mismo tiempo que se producían estos efectos “beneficiosos”, la política regulatoria, basada en la bajada de precios impuesta y en la compartición de las infraestructuras del operador dominante, forzaba a las empresas operadoras a decisiones que han traído consigo una caída igual de vertiginosa de las variables que miden la economía y la salud de los países: el empleo, la innovación y la actividad industrial.
Una lectura de los informes anuales de la CMT (ahora de la CNMC) demuestra que esto ha venido sucediendo año tras año, sin que, a pesar de saberlo, ningún Gobierno en los últimos 15 años haya hecho nada para impedirlo, probablemente, y entre otras razones, porque no podían. Ha habido cortas etapas en que algún Secretario de Estado lo ha intentado, pero tenía, y tienen todos, las manos atadas. No se puede hacer política (si política es gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país, para beneficio de la sociedad y de sus ciudadanos) en un entorno dominado por una reducción permanente y artificial de los precios de los servicios y la obligación de compartir infraestructuras, cuya implantación es costosísima, con quienes no están haciendo el esfuerzo de acometerlas. Resulta dificil tomar decisiones políticas en telecomunicaciones, esas que, se supone, van destinadas a que la sociedad funcione mejor en su conjunto, porque lo impide el Regulador, con decisiones que dificultan las inversiones, con un poder excesivo y por encima de los Gobiernos.
Aquí conviene distinguir entre usuario y ciudadano. A los usuarios de un servicio les beneficia una reducción de los precios de los mismos, sin duda, aunque sea forzada. Pero puede ser, y de hecho es, que esos mismos usuarios, como ciudadanos, se vean muy perjudicados, pues el medio plazo demuestra que esa política está llevando a la caída de las inversiones y, en consecuencia, del empleo, de la innovación, de la industria suministradora, y de la generación de riqueza. Basta repasar las cifras de la evolución de estas variables durante los últimos quince años. Y conviene, también, recordar que al Regulador le importa un bledo esto último. Pendiente de la competencia y los usuarios, no es su obligación. Pero tampoco hace posible que nuestro políticos intervengan. Como el perro del hortelano, ni come ni deja comer.
Quince años es mucho tiempo para que quien haya querido haya invertido en infraestructuras, y para que, quien no lo haya hecho, sufra las consecuencias. Si era lógico y natural que Telefónica compartiera la red de cobre que existía hace 15 años, los avances tecnológicos, las redes de nueva generación y las demandas de la sociedad, exigen que cualquier política regulatoria, a estas alturas especialmente, se centre en impulsar las inversiones y garantizar que quien las haga saldrá beneficiado. Para beneficio de todos. Como sucede en todos los demás sectores de nuestra economía, incluso en los que también están regulados.
Ahora, en los últimos dos años, Telefónica está haciendo un fuerte esfuerzo inversor en redes de última generación, para tratar de cubrir una gran parte del territorio nacional, y pretende seguir haciéndolo en 2015, en la idea de que parece lógico que se respete ese esfuerzo y pueda serle rentable a corto y medio plazo. Lo de menos es si es Telefónica o es otro cualquiera de los operadores, muy fuertes algunos, que operan en España. Lo importante es que esas inversiones, vengan de donde vengan, son fundamentales para el progreso y para la modernización de nuestro país.
La CNMC (que ha integrado las funciones de la CMT desde Octubre de 2013) puede pretender continuar imponiendo una política regulatoria que, insisto, no ha evolucionado en los últimos quince años, e imponer a Telefónica compartir su nueva red de fibra óptica. Por ahora, la CNMC lo ha sometido a consulta pública y después hará lo que le parezca conveniente. Pero, en mi opinión, es a quienes nos representan a todos, el Gobierno y el Parlamento, a quienes habría que preguntar por lo que más beneficia al conjunto de la sociedad, que para eso están, o deberían estar. Y eso, por mor de la “independencia” del regulador frente al Gobierno, parece estar prohibido.
La pregunta, al final, es la que titula esa reflexión. Quién controla al regulador, quién le pone en su sitio, quién le recuerda que se debería pensar más en el beneficio de todos y menos en los usuarios de los servicios. Quién manda.
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